El Estado frente al manejo ineficiente de gastos superfluos

El manejo de los recursos públicos es una de las responsabilidades más importantes de cualquier Estado. Los fondos que administra pertenecen a la ciudadanía, y deben destinarse prioritariamente a satisfacer necesidades básicas: salud, educación, infraestructura y seguridad. 

Sin embargo, en muchos casos —como ocurre en Paraguay— se observa la existencia de presupuestos superfluos: gastos innecesarios o desviados, que revelan una profunda ineficacia en la gestión pública y afectan directamente la calidad de vida de la población.

Se trata de gastos que no responden a la situación y necesidad real de la comunidad, sino a intereses particulares, derroches o falta de planificación. Entre los ejemplos más comunes están viajes oficiales excesivos, compras de vehículos y mobiliarios de lujo, publicidad institucional innecesaria y contratos de obras sin control ni transparencia, la creación de cargos públicos innecesarios solo para favorecer a allegados.

En Paraguay, entidades como Itaipú Binacional han destinado millones de dólares a publicidad y eventos, mientras se reducían fondos para alimentación escolar y obras municipales. Asimismo, se han detectado sobreprecios en compras y proyectos sin utilidad social, como algunas adquisiciones del IPS o obras en municipalidades que costaron el doble de su valor real.

Esta situación responde a varios factores. En primer lugar, la falta de transparencia hace que muchas decisiones se tomen sin que la ciudadanía conozca sus detalles. A esto se suma la debilidad de los organismos de control: aunque la Contraloría detecta irregularidades, suele tener limitaciones para sancionar efectivamente. En el caso de nuestro país, influyen también el clientelismo político —donde los recursos se usan para ganar apoyos en lugar de priorizar el bien común— y la falta de reglas fiscales estrictas que limiten el gasto innecesario.

Aunque el PIB (producto interno bruto) muestra un crecimiento promedio real cercano al 3% al 4% anual en la última década, con un repunte destacado de 6,6% en 2025 y una estimación de expansión de 4,5% para 2026. siendo el Sector Terciario (Servicios): 47,5% el que mas aporta, seguido con el 33,5 del Sector Secundario como la Industria, Construcción, e Itaipú (7-8% del PIB), y los sectores restantes con el 19 % (Agropecuario, 11,4 % e Impuestos con 8 %). Son los principales motores economicos de la nación.

Por tanto, es cuestión de imaginarse, los beneficios y el crecimiento que tendría con una buena administración del estado.

El derroche que presenciamos actualmente y que viene heredando de varios gobiernos anteriores, tiene efectos graves: mientras se gastan recursos en cosas innecesarias, faltan medicamentos en hospitales, escuelas sin equipamiento y caminos en mal estado.

En Paraguay, los gastos rígidos (Salarios Públicos, deudas públicas, transferencias para jubilaciones y pensiones) absorben casi el 90 % de los ingresos, dejando muy poco margen para la inversión social. Esto agrava la desigualdad, genera desconfianza en las instituciones y obliga en muchos casos a endeudar al país, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.

En resumen:

Esta ineficacia del Estado frente a los presupuestos superfluos atenta contra el deber fundamental de servir a los habitantes y al interés general. En el caso de Paraguay, revertir esta situación exige mayor transparencia, fortalecer los controles y establecer reglas claras que prioricen el bienestar colectivo sobre intereses particulares. Y eso depende fundamentalmente del consenso de los políticos, despojandose de sus intereses partidarios, y poniendose la "camiseta" de patriotismo, pensando en el futuro del país que benefiaría a toda la población.

El dinero público no pertenece a quienes gobiernan: es un patrimonio de todos, y debe usarse con responsabilidad y eficacia.

Escrito por: Ruben Dario Cabral G. 
Colaborador de Concepción Noticias

Concepción: Comunidades viven aisladas, sin servicios ni caminos accesibles

 Con cierta frecuencia surge el reclamo porque la administración del país centraliza todo en la capital, y eso se grafica con la expresión “el país no termina en Calle Última”. Las comunidades del Chaco paraguayo tienen frecuente presencia en los medios y redes sociales por el abandono en el que subsisten; lo mismo sucede con varias zonas aisladas de Concepción.

En el Paraguay, las autoridades gobiernan desde la capital, y claramente la creación de las gobernaciones fue un intento de que las instituciones del Estado estén cerca de la población y sus necesidades. Lamentablemente, el intento no fue del todo exitoso; las distancias no se han acortado como tampoco se han reducido las necesidades.

Las localidades aisladas, no necesariamente por estar lejos de la capital, son noticia por lo general solamente cuando sufren algún tipo de adversidad. Y aunque ciertamente la mayoría de la población reside en Asunción, su área metropolitana y los departamentos Central y Alto Paraná, no significa que los compatriotas que viven en el Alto Paraguay o localidades lejanas de Concepción y San Pedro no tengan derecho a acceder a servicios públicos de calidad.

Publicaba este diario recientemente sobre el tramo entre el km 65 y Bahía Negra, que sigue siendo uno de los puntos más críticos del Departamento de Alto Paraguay, debido a que la posibilidad de transitar o no poder hacerlo depende fundamentalmente de las condiciones climáticas. En cada lluvia, aunque sean solo algunas gotas, queda expuesta la pobre e insuficiente infraestructura de los caminos.

Hace apenas unas semanas, cuando cayeron unas lluvias que no fueran muy intensas, numerosos transportes quedaron atrapados en el barro.

Se supo que pobladores y comerciantes de la zona de Toro Pampa habían trabajado juntos para mejorar el camino, con sus propias máquinas repararon las zonas más afectadas para garantizar al menos una mínima circulación. Sin embargo, una nueva lluvia volvió a deteriorar el tramo que ya había sido reparado y con eso volvieron los problemas de comunicación.

Construir caminos de todo tiempo para el Chaco sería el paso fundamental para que las comunidades hoy tan aisladas logren romper la marginación, puedan ser efectivamente parte del país y puedan también acceder a salud, educación, empleos y todo lo que por derecho les corresponde como ciudadanos.

También para el Departamento de Concepción el estado de los caminos es un grave problema.

Los concepcioneros le reclaman al gobierno caminos de todo tiempo, que al igual que las comunidades del Chaco los saquen del aislamiento. Esto, al mismo tiempo que se encaran algunas obras y proyectos de infraestructura, tales como la ruta Concepción-Pozo Colorado, el Gran Hospital del Norte y la futura Costanera.

Lo que los pobladores denuncian sistemáticamente es el mal estado de los caminos rurales, que no solamente hace difícil o casi imposible que transiten, sino que además supone un grave peligro para ellos.

Es el caso específico de la ruta D030 Horqueta-Tacuatí, la que tiene actualmente un tramo relativamente nuevo; sin embargo, presenta peligrosos baches. Esta ruta es fundamental para la población del primer departamento, ya que acorta distancias para unir la PY05 con la PY08, especialmente para los viajes a San Estanislao y Asunción.

Particularmente, las comunidades que viven en las zonas aledañas al tramo Alegre-Itacuá reclaman permanentemente el estado de los caminos, los cuales son intransitables, pues las lluvias los vuelven sumamente peligrosos.

Para estos compatriotas, los caminos no solamente son importantes para poder transitar, sino que son fundamentales para la sobrevivencia y el desarrollo de la zona. Por estas vías circulan comerciantes, productores ganaderos, docentes, trabajadores y personal de salud.

Es relevante mencionar que Itacuá y Paso Barreto son dos de los distritos con mayores índices de pobreza en el departamento; condición que también afecta a localidades cercanas como Sargento José Félix López (Puentesiño) y San Alfredo.

Los pobladores de estas zonas olvidadas de nuestro país ya no necesitan discursos vacíos, especialmente en tiempo de elecciones, y que al final quedan en promesas que no se cumplen. Urge que las autoridades departamentales y municipales gestionen mejor y con transparencia, y prioricen las necesidades de la gente. Ya no más un Estado ausente y que abandona a estos compatriotas.

Fuente: Editorial de UH

Necesidad urgente de reparación vial del centro de la ciudad

Concepción, una ciudad con una rica historia, una población cada vez mas incrementada, la ciudad cada vez mas extendida y un gran potencial económico, social y turística, enfrenta actualmente un desafío significativo de las Autoridades locales en cuanto al mantenimiento de sus calles y avenidas, especialmente en el centro urbano. 

Las autoridades locales han descuidado estas áreas vitales, lo que se refleja en la falta de reparaciones de calles históricas y en el deterioro visible de la infraestructura vial. Concepción se merece nuevos adoquines en calles adoquinadas, pavimento sólido en vias estratégicas y ampliaciónes del cazco céntrico. Este abandono no solo afecta la funcionalidad y seguridad de las vías, sino que también impacta negativamente la estética de la ciudad.

La importancia de mantener en buen estado las calles y avenidas va más allá de la simple comodidad para los residentes. Una ciudad bien cuidada y ordenada transmite una imagen positiva a los visitantes, fomentando el turismo y la inversión. Además, un entorno urbano atractivo contribuye al bienestar de la población, generando un sentido de orgullo y pertenencia.

Es tiempo que haya una colaboración estrecha entre las instituciones involucradas, sean Essap, Municipalidad y Gobernación, MOPC. Se deben priorizar las calles mas transitadas y concurridas. 

Es fundamental que las autoridades locales reconozcan esta situación y tomen medidas concretas para subsanar las deficiencias existentes. La reparación y el mantenimiento regular de las vías deben ser una prioridad, junto con iniciativas que mejoren la estética urbana. 

Solo así Concepción podrá ofrecer un entorno seguro, funcional y agradable para todos sus habitantes y sus visitantes.

Concepción Noticias

Inflación: Un riesgo para la calidad de vida

El informe del Banco Central del Paraguay correspondiente a marzo reveló una variación mensual del índice de precios al Consumidor (IPC) del 0,8%. Si bien no constituye un récord, representa un problema ya que los rubros importantes para la salud nutricional aumentaron por encima de ese promedio así como los combustibles. La inflación en alimentos perecederos y combustibles se erige como un factor crítico para la calidad de vida, especialmente en un contexto de ingresos mayoritariamente fijos y alta informalidad laboral.

El BCP atribuye la suba de los combustibles a tensiones en los mercados internacionales del petróleo. Esto no sería un problema tan grave si Paraguay no dependiera tanto de hidrocarburos, cuyos precios se trasladan casi directa e inmediatamente al consumidor final debido a las fallas de mercado que no son reguladas por el Estado.

El impacto de esta alza es sistémico: Los combustibles son un insumo para toda la economía. Aumentan los costos de transporte de mercancías, lo que repercute en los precios finales de bienes industrializados y de servicios logísticos. Además, inciden en la tarifa del transporte público y en los costos de producción agropecuaria, lo que genera una presión inflacionaria en otros rubros.

La inflación en combustibles actúa como un impuesto regresivo que penaliza con mayor intensidad a quienes ya destinan una proporción significativa de su ingreso a la movilidad.

Por otro lado, el informe destaca las subas en frutas y verduras. Factores climáticos adversos, como lluvias fuera de temporada o sequías localizadas, afectan la producción hortofrutícola, especialmente en las zonas de abastecimiento de los grandes centros urbanos. A ello se suman problemas estacionales y dificultades en la cadena de distribución y almacenamiento. Cuando el precio de las frutas y verduras aumenta, la canasta básica alimentaria se encarece de manera inmediata, a diferencia de otros bienes, estos productos no tienen sustitutos de igual valor nutricional. Una familia no puede reemplazar fácilmente el tomate o la cebolla –insumos básicos de la cocina paraguaya– sin alterar la calidad de su dieta.

Además, la suba de estos alimentos afecta de manera desproporcionada a los sectores populares, que dedican un mayor porcentaje de su gasto total a la alimentación. Según datos de encuestas de ingresos y gastos previas, los hogares de menores recursos destinan hasta un 30% o más de su presupuesto a alimentos, mientras que en los hogares de altos ingresos este porcentaje es notablemente inferior. Por lo tanto, una inflación del 0,8% impulsada por frutas y verduras no es equivalente a una inflación impulsada por bienes duraderos o servicios recreativos, sino es una inflación que erosiona directamente la capacidad de alimentarse adecuadamente.

Frente a estos aumentos, el BCP reporta una disminución del 0,1% en el precio de la carne vacuna. Esta baja, aunque estadísticamente relevante para compensar parcialmente el IPC general, resulta casi insignificante para el bolsillo del consumidor medio. Esta variación no genera un alivio perceptible ni modifica la estructura de consumo de las familias.

Lo que hace especialmente relevante este informe del BCP es que evidencia un patrón preocupante: La inflación en Paraguay tiende a concentrarse en los bienes más necesarios para la vida diaria.

Los alimentos frescos y los combustibles son dos rubros de alta sensibilidad social. Cuando estos suben, los hogares no pueden postergar su consumo ni reducir su compra más allá de cierto límite. Se trata de bienes de demanda inelástica: Se necesitan igual, aunque cuesten más. Esto fuerza a las familias a realizar ajustes en otros gastos, como educación, vestimenta o esparcimiento, reduciendo su calidad de vida integral. En un país con altos niveles de trabajo informal y con bajos ingresos laborales este fenómeno agrava la vulnerabilidad económica.

La política económica, y en particular la política monetaria, suele enfocarse en metas de inflación global. En Paraguay es necesario contar con indicadores de inflación por segmentos de ingreso para comprender la realidad de la mayoría. De lo contrario, se corre el riesgo de subestimar el sufrimiento cotidiano.

Fuente: Editorial UH

Proyecto de regulación de utilidades en reserva divide al Gobierno y expertos tributarios

El Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley que busca regular el uso de las utilidades en reserva, una práctica que, según las autoridades tributarias, estaría siendo utilizada por algunas empresas para postergar indefinidamente el pago de impuestos y eludir obligaciones fiscales. Así lo adelantó el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien aseguró que existe un vacío legal que permite a las firmas acumular ganancias sin destino claro, en lugar de distribuirlas o capitalizarlas, generando así una distorsión en la recaudación.

Orué explicó que la normativa vigente no impide que las compañías mantengan utilidades sin aplicar, pero advirtió que en muchos casos ese mecanismo se emplea con el propósito de evitar el pago del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) o del Impuesto a la Renta Personal (IRP), dependiendo del tipo de contribuyente. “No estamos en contra de la reserva legítima, pero hay quienes esconden allí utilidades que nunca se distribuyen y que, en los hechos, constituyen una evasión encubierta”, sostuvo el funcionario en una reciente presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La propuesta oficial plantea establecer plazos máximos para que esas utilidades sean capitalizadas efectivamente o distribuidas entre los socios, bajo el riesgo de que, si no se regularizan, la administración tributaria pueda considerarlas como renta gravada.

La economista, tributarista y referente del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, enfatizó que la figura de las utilidades en reserva es una práctica legal reconocida por la propia legislación comercial y tributaria, y que su existencia responde a necesidades legítimas de previsión, inversión o estabilidad financiera. “No se puede partir de la presunción de que toda reserva es un mecanismo de evasión. Mantener utilidades en reserva es perfectamente legal y, si la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene sospechas de evasión, lo que corresponde es que compruebe esas afirmaciones caso por caso, con los procedimientos de fiscalización que ya tiene”, señaló Talavera.

La especialista recordó además que esas utilidades ya tributaron en su momento como renta de la empresa, y que su destino posterior —ya sea reserva, distribución o reinversión— responde a decisiones societarias que no necesariamente implican un ánimo de elusión. “Ese dinero es propiedad de la empresa y ya cumplió con las obligaciones impositivas en la etapa de generación de la ganancia. Pretender gravarlo nuevamente si no se distribuye en un plazo determinado puede rozar una doble imposición”, advirtió.

Talavera instó a las autoridades a abrir una mesa de diálogo con los colegios profesionales y los contribuyentes antes de remitir el proyecto, a fin de evitar que una regulación apresurada termine afectando la competitividad y la seguridad jurídica. Mientras tanto, desde la DNIT aseguran que el objetivo no es aumentar la presión fiscal, sino cerrar una puerta que, a su criterio, facilita la planificación fiscal abusiva.

Por su parte, la tributarista Nora Ruoti señaló que debe dejarse claramente establecido que la pretensión del Gobierno no es una cuestión técnica tributaria, sino una “grave injerencia en la esfera del derecho societario”, afectando directamente decisiones internas de las empresas.

“Corresponde afirmar con absoluta claridad que las facultades reglamentarias de la Administración Tributaria no pueden alterar la esencia del régimen societario ni intervenir en la decisión sobre el destino de las utilidades”, sostuvo. Ruoti agregó que estas disposiciones ya fueron delimitadas por la propia ley tributaria.

El artículo 40 del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) establece categóricamente la independencia entre el hecho generador tributario y las decisiones internas de la empresa respecto a la distribución de utilidades, reconociendo que la determinación de distribuir o no dividendos es una facultad exclusiva de la sociedad.

“Pretender, por vía reglamentaria, incidir sobre dicha decisión implica desnaturalizar el régimen legal vigente y desconocer una norma expresa que garantiza la separación entre lo tributario y lo societario”, manifestó la tributarista. Finalizó señalando que, desde el punto de vista constitucional, la situación es aún más grave, debido a que se configura una violación directa al artículo 109 de la Constitución Nacional, que protege el derecho a la propiedad privada.

Fuente: infonegocios