Paraguay avanza en la desdolarización de su deuda pública y busca financiamiento sostenible

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que el país planea continuar con este proceso en el segundo semestre del año, si las condiciones del mercado lo permiten.

Aseguró que Paraguay ha tomado medidas concretas en esta dirección, como la venta de bonos en dólares y la emisión del primer bono soberano en guaraníes. En cuanto a las negociaciones comerciales, lamentó el estancamiento del acuerdo con la Unión Europea, pero expresó optimismo sobre un posible acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, dijo en una entrevista con el prestigioso medio económico y financiero Bloomberg, que el país planea continuar con su estrategia de desdolarización de la deuda pública en el segundo semestre del año, esto junto con la búsqueda de financiamiento sostenible y la diversificación de las relaciones comerciales que posicionan a Paraguay como un país que apuesta por un futuro económico sólido y sostenible.

«Si las condiciones del mercado siguen mejorando, podríamos continuar con el proceso de desdolarización de la deuda», afirmó el ministro Fernández Valdovinos, quien se encuentra en Washington DC en las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El secretario de Estado explicó al medio internacional que Paraguay ha tomado medidas concretas en esta dirección en los últimos meses. Desde diciembre pasado, la administración del presidente Santiago Peña ha vendido el equivalente a más de USD 340 millones en bonos y emitió el primer bono en guaraníes por unos USD 500 millones, en febrero.

Asimismo, expresó que la decisión de desdolarizar la deuda se basa en la favorable coyuntura económica que atraviesa Paraguay. Dijo que se espera que la economía del país crezca un 3,8% este año, frente al 4,7% en 2023.

Por otra parte indicó que la baja inflación ha permitido al Banco Central del Paraguay (BCP) recortar su tasa de referencia en 250 puntos básicos en los últimos ocho meses hasta el 6%, y las finanzas públicas disciplinadas han generado confianza entre los inversores, abriendo la puerta a mejores condiciones de financiación en el mercado local.

En línea con el compromiso con la sostenibilidad ambiental, manifestó a Bloomberg que Paraguay también está explorando la posibilidad de emitir bonos verdes. «El año que viene veremos qué espacio tenemos para emitir un bono verde», dijo el titular de la cartera económica.

Refirió que, para ello, el país está trabajando en colaboración con el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cuanto a las negociaciones comerciales, lamentó el estancamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, atribuyéndolo a motivos políticos más que económicos.

Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con los Emiratos Árabes Unidos en el corto plazo.

«Mercosur está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con los Emiratos Árabes Unidos. Apostamos a ver qué otros países pueden ocupar ese espacio dejado por los europeos», dijo.

Fuente: marketdata.com.py/

El Mercosur se dobla pero (aún) no se rompe

Con Uruguay negociando unilateralmente un tratado de libre comercio con China como trasfondo, la última reunión del Mercosur estuvo marcada por pocos acuerdos y muchas tensiones. Aunque se logró evitar la ruptura, la crisis no se limita a la orientación comercial: lo que está en juego, en realidad, es la propia identidad del bloque.

La LX Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada el 20 y 21 de julio pasados en el centro de convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicado en Luque, Paraguay, estuvo marcada por la falta de acuerdos –el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se negó a firmar el comunicado conjunto– y volvió a poner de manifiesto la crisis por la que atraviesa el proceso de integración en el Cono Sur.

El desdén del mandatario uruguayo tiene como trasfondo las negociaciones que desde hace unos meses viene llevando a cabo para firmar un acuerdo de libre comercio con China, aun cuando ello implique hacerlo por fuera del Mercosur. Como es sabido, la iniciativa despertó críticas en otros países miembros, sobre todo en Argentina y Paraguay (país que además no tiene relaciones diplomáticas con Beijing y sigue fiel a Taiwán). El gobierno brasileño, por su parte, oscila entre la indiferencia, el apoyo moderado (China es el principal destino de las exportaciones brasileñas) y una reticencia basada en motivos ideológicos: al final, Jair Bolsonaro, quien no asistió a la cumbre, siempre tuvo reparos en profundizar la relación con China. Por otro lado, el sector ultraliberal que lidera el ministro de Economía Paulo Guedes, aunque cada vez más relegado dentro del gobierno, mira con beneplácito todo lo que implique desarmar el proteccionismo del Mercosur y avanzar en acuerdos de libre comercio.

El punto neurálgico de la crisis del Mercosur está en las divergencias respecto de cuál es el perfil comercial que debe adoptar el bloque. Hasta hace poco, la disyuntiva pasaba por priorizar indiscriminadamente la apertura hacia nuevos mercados, aun cuando ello implicara desatender los vínculos económicos intrabloque o profundizar la integración entre los socios, protegiendo a los sectores económicos vinculados a la producción manufacturera y manteniendo la (imperfecta) unión aduanera. La gestación de este debate tuvo lugar hace poco más de una década, cuando se retomaron las negociaciones por el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por entonces, el lenguaje de la integración pasó a estar marcado por metáforas como «flexibilización» y «distintas velocidades». Esto significa revisar el carácter proteccionista del bloque (reduciendo el Arancel Externo Común) y avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, con la opción de que cada país se sume en diferentes momentos.

Pero en el último tiempo el debate por la orientación externa del Mercosur se fue corriendo en favor de las posturas «aperturistas». Ahora ya no se discute si priorizar o no las negociaciones externas con otros bloques, sino la forma de llevarlo a cabo: negociando todo juntos o habilitando la firma individual, por fuera del Mercosur. Incluso en Paraguay ya no cierran la puerta a un acuerdo comercial con China, siempre que se haga en bloque y que no implique condicionamientos políticos, por ejemplo, que Asunción asuma la política de «una sola China» y corte vínculos con Taiwán.

En términos normativos, habilitar que cada país pueda negociar de manera individual tratados de libre comercio –como postulan hoy el gobierno de Uruguay y un sector del gobierno de Bolsonaro– significa violar el tratado fundacional del Mercosur, cuyo objetivo final es alcanzar un mercado común y terminar definitivamente con la unión aduanera. En términos económicos esto tendría efectos directos sobre algunos sectores productivos, sobre todo argentinos y brasileños, que se verían obligados a competir con productos chinos que entrarían de forma indirecta sin pagar ningún tipo de arancel.

Una identidad en crisis

Los problemas del Mercosur, sin embargo, no se reducen a las tensiones comerciales. La crisis es, en realidad, mucho más profunda: lo que está en cuestión es la propia identidad del bloque. No por nada en los últimos años se fueron acumulando otros puntos de controversia, como la postura frente a la crisis venezolana y, más recientemente, las dificultades para coordinar acciones frente a la pandemia de covid-19.

En la década de 1980, periodo de gestación del acuerdo, el sentido aglutinante de la integración fue el de construir una relación de amistad entre Argentina y Brasil, en afianzar las democracias y en fomentar la interdependencia económica. En la década de 1990, la identidad del Mercosur se construyó sobre el objetivo de una inserción en la globalización y la consolidación de las reformas económicas de corte neoliberal. En los años 2000, durante la etapa de auge de los gobiernos de centroizquierda, el bloque se redefinió en términos de autonomía y amplió sus agendas y su estructura institucional más allá de lo económico-comercial. Tras el fin de la «marea rosa», a mediados de la década pasada, la llegada de gobiernos de derecha en países como Argentina y Brasil dio lugar a un «regionalismo abierto recargado», en el que se volvió a apostar por la apertura comercial y la inserción en la economía global.

Esa nueva identidad, sin embargo, tampoco se pudo plasmar, dado que los gobiernos de la región se encontraron con un escenario internacional que iba a contracorriente del discurso globalization-friendly: el Brexit, Donald Trump, la pandemia y, más recientemente, la guerra en Ucrania fueron minando las miradas optimistas sobre la importancia de consolidar las cadenas globales de valor y revalorizando, en cambio, la regionalización de la producción y el comercio. En ese sentido, no es casualidad que el comercio intra-Mercosur haya tenido un crecimiento en 2021, aunque el volumen alcanzado sea similar al logrado en 2014.

Pero para comprender la crisis de identidad del Mercosur hay que tener en cuenta otros factores de carácter estructural. Uno de ellos es el efecto «centrifugador» que produce China. Por un lado, al fomentar la bilateralización de las relaciones externas, dado que el gigante asiático ha demostrado que prefiere vincularse tête à tête con los países de la región cuando se trata de asuntos económicos. El hecho de que cada país sudamericano haya negociado por su cuenta la incorporación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un claro ejemplo de ello (a nivel Mercosur, el único antecedente relevante de algún tipo de estrategia conjunta con China se remonta a 2012, cuando Argentina, Uruguay y Brasil firmaron el «Comunicado conjunto para el mejoramiento de la cooperación comercial y económica entre China y el Mercosur»).

Asimismo, la profundización del vínculo comercial con China ha modificado significativamente la estructura productiva de las economías sudamericanas, profundizando la especialización en bienes primarios y la disminución del comercio entre los socios del Mercosur, que pasó de 25% a fines de la década de 1990 a menos de 11% en 2021. Esto tiene, a su vez, otro efecto: el establishment en los países del Mercosur ha cambiado su fisonomía y, con ello, el tipo de integración que demandan los actores económicos dominantes.

Brasil es un caso emblemático: el crecimiento del agronegocio y los conglomerados rentistas transnacionalizados en la economía verde amarela –en detrimento de los grupos industriales volcados al mercado interno– ha aumentado las presiones para reducir el carácter proteccionista del bloque y reorientarlo como plataforma para exportar commodities hacia fuera de la región. En ese sentido, no es casualidad que la agenda del gobierno de Bolsonaro para el Mercosur se haya basado en tres ejes: achicar la estructura institucional (sobre todo, eliminando las instancias vinculadas a los temas sociales, ambientales y de derechos humanos), reducir o directamente eliminar el Arancel Externo Común y priorizar las negociaciones externas con países y bloques extrarregionales.

La postura de Uruguay tampoco es una novedad ni algo completamente disruptivo en su política exterior. Desde el punto de vista económico, en la dirigencia política uruguaya se ha consolidado un consenso respecto de que el Mercosur debe servir principalmente como un vehículo que facilite el acceso a nuevos mercados. En todo caso, las diferencias radican en si la condición es hacerlo vía Mercosur o si el camino solitario es una opción viable y deseable. «Siempre vamos a tener una pata afuera del Mercosur», sostuvo en su momento el ex-presidente José «Pepe» Mujica, referente del Frente Amplio Uruguayo y promotor de la Patria Grande desde sus tiempos de militante tupamaro.

Lula y la esperanza del relanzamiento

Con la elección que se avecina en Brasil, todas las luces están puestas en el posible retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio del Planalto. Para muchos, esto alimenta las esperanzas de recuperar la política exterior «activa y altiva» de la época del Partido de los Trabajadores (PT) y relanzar (una vez más) el Mercosur.

El optimismo, desde ya, tiene sus fundamentos. De por sí, es de esperar que un gobierno de Lula da Silva busque revertir el aislamiento internacional, mejore significativamente la relación con Argentina y reactive la «opción sudamericana», como alguna vez dijo Marco Aurelio García para definir el eje de la política brasileña hacia la región. Esto podría incluir revivir la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o reconfigurar un nuevo organismo sudamericano, retornar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y frenar toda iniciativa que implique debilitar todavía más el Mercosur. En todo caso, que se doble pero que no se rompa.

Otro punto que genera expectativas en caso de que Lula da Silva retorne a la Presidencia es el de un cambio en la agenda energética. Se trata de un tema clave tanto a escala regional como global. Es que las posturas negacionistas y antiambientalistas de Bolsonaro no solo han trabado los vínculos con Europa y Estados Unidos, sino que también dificultan incorporar el tema de la transición energética y las «inversiones verdes» en el plano regional de manera más asertiva.

Sumado a lo anterior, la salida de Bolsonaro puede acelerar la incorporación definitiva de Bolivia como miembro pleno del bloque (el trámite todavía no tiene la aprobación del Senado brasileño). Así como se pensó en su momento respecto de la inclusión de Venezuela, la entrada del país andino también abriría nuevas perspectivas para la cuestión energética. En el corto plazo, la guerra en Ucrania está llevando a las potencias occidentales a diversificar los suministros de energía tradicional, como gas y petróleo. Las declaraciones favorables de varios mandatarios europeos respecto de avanzar en la concreción del tratado Unión Europea-Mercosur no pueden entenderse sin el cambio de jugadores que significó la invasión rusa.

A mediano plazo, que Bolivia se convierta en miembro pleno es una oportunidad para negociar conjuntamente frente a China la comercialización del litio, considerando que América del Sur concentra casi 70% de las reservas globales de este mineral y que el país asiático es el principal comprador. Y, a largo plazo, se podría pensar en desarrollar un encadenamiento regional de industrias basadas en el litio.

Sin embargo, el escenario doméstico, regional y global en el que asumiría Lula da Silva dista de ser semejante a aquel de principios del siglo XXI, con un Brasil en ascenso, una burguesía comprometida con el proyecto de integración regional sudamericano y una región más cohesionada, aun cuando en algunos países gobernaban mandatarios de centroderecha. Las insinuaciones de que, aun con el ex-líder metalúrgico en la Presidencia, Brasil continuaría con el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dan muestras de que el margen de maniobra para protagonizar la configuración de un mundo «postoccidental» ya no son las mismas para el gigante sudamericano. Lo mismo podría pensarse con el rol de las Fuerzas Armadas en el actual gobierno y la profundización de la cooperación con Estados Unidos. En este marco, difícilmente pueda recrearse algún tipo de instancia de cooperación en defensa a nivel subregional sin la sombra de Washington.

En definitiva, el Mercosur se encuentra en un proceso de redefinición identitaria, que se hace más visible a la hora de discutir la orientación comercial. En este marco, priorizar el avance en agendas no económicas puede ser una buena forma de desatar los nudos problemáticos y la falta de acuerdos que hoy caracterizan al bloque. Asimismo, los gobiernos y actores económicos deben comprender que no siempre los juegos son de suma cero y que apostar al mercado regional –aun protegiendo determinados sectores industriales– no necesariamente implica anular una mayor vinculación con países y mercados extrarregionales.

Fuente: Opinion de Alejandro Frenkel - nuso.org

SALUD MENTAL EN PARAGUAY: LO QUE REVELAN LOS DATOS

La forma de ser paraguaya está colmada de positividad y sosiego con acento guaraní. Aún en tiempos difíciles no es raro oír a un paraguayo decir que todo está “super tranquilo” o “iporãmbaite” (todo está bien) con una amplia sonrisa. Si bien esta actitud denota optimismo, puede también eclipsar el estado real del bienestar de las personas ante las crisis como la pandemia que estamos viviendo cuando, más allá del “todo está bien”, subyacen amenazas a su salud mental.

Entre mayo y junio del 2021, el Banco Mundial llevó a cabo Encuestas de Alta Frecuencia (EAF) en varios países de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia sobre la población.

Entre sus resultados se puede observar que, con un puntaje de 0,28, Paraguay se posicionó en cuarto lugar (empatando con Ecuador y Bolivia) entre los países con resultados más preocupantes dentro del Índice de Vulnerabilidad de la Salud Mental , por detrás de Chile, Perú y Haití.

Este índice, donde 0 representa la menor vulnerabilidad y 1 la mayor vulnerabilidad, muestra la puntuación media asignada a los países en base a la encuesta, considerando la incidencia de cinco problemas de salud mental sobre los encuestados en los treinta días anteriores a las entrevistas:

- dificultad para dormir;

- ansiedad, nerviosismo o preocupación;

- actitudes agresivas o irritabilidad con otros miembros del hogar;

- conflictos o discusiones con personas fueras del hogar; y sentimientos de soledad.

¿Qué población es la más afectada? 

Desagregando este índice para Paraguay, se evidencia que los problemas de salud mental mencionados tienen mayor incidencia en el área urbana, con un puntaje de 0,30 versus 0,24 en el área rural. Considerando el género, se observa que las mujeres de las áreas urbanas presentan mayor vulnerabilidad en su bienestar mental (0,33), contrastando con los hombres de las zonas rurales (0,15), quienes emergen como los menos afectados.

Si se añade estatus laboral al análisis, los hombres desempleados lideran una amplia brecha en ambos extremos: por un lado, los desempleados de las zonas urbanas alcanzan un preocupante puntaje de 0,37; por el otro, los desempleados de las áreas rurales registran un índice de 0,13, muy por debajo del promedio nacional.

Poniendo estos resultados en contexto, la Encuesta de Alta Frecuencia en Paraguay fue aplicada en medio de lo que fue, hasta hoy, el pico de la pandemia. Es decir, la brecha observada en el gráfico de arriba puede, en parte, ser explicada por el impacto de la propagación del virus, así como de las necesarias medidas de mitigación. En materia sanitaria y económica, las zonas urbanas fueron golpeadas con mayor intensidad que las zonas rurales. Esto se reflejó, por ejemplo, en los números de pobreza del 2020, estimados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que el área urbana experimentó un crecimiento de más de cinco puntos porcentuales (del 17,5% de pobreza en 2019 a un 22,7% en 2020) mientras que el área rural se mantuvo prácticamente igual al año anterior (pasando del 33,4% al 34,0% de pobreza).  

En cuanto a lo laboral, el porcentaje de hombres que perdió el empleo que tenía antes de la pandemia y se encontraba desempleado al momento de la entrevista aumentó en más de siete puntos porcentuales en relación con lo reportado en la encuesta de mayo de 2020 (pasando del 7,3% a más del 14,4%).

De manera más general, sin embargo, son las mujeres quienes han registrado mayores niveles de vulnerabilidad, con un puntaje de 0,32 versus el de 0,24 alcanzado por los hombres. Llamativamente, en contraste con sus contrapartes masculinos, fueron las mujeres empleadas, tanto del área urbana como del área rural (con puntajes de 0,34 y 0,32, respectivamente), quienes han visto alterada su salud mental en mayor proporción que aquellas desempleadas (tanto del área urbana y rural puntuando 0,29).

Y es que, además de trabajar fuera de casa, muchas paraguayas han experimentado un incremento significativo en las tareas del hogar durante la pandemia, introduciendo así un desgaste adicional a su bienestar mental.

En efecto, a excepción de un solo indicador que mide conflictos o discusiones con personas ajenas al hogar, la tendencia fue que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres reportó haber padecido problemas relacionados a la salud mental durante los treinta días anteriores a la aplicación de la encuesta.

Así, el 31,5% de las mujeres manifestó haber tenido problemas para dormir, en comparación al 27,4% de los hombres. De igual manera, cerca del 12% de las mujeres dijo haber tenido actitudes agresivas en el hogar, mientras que el porcentaje de los hombres que reportó lo mismo fue de 9,7%. Asimismo, el 36% de las paraguayas expresó que en los treinta días anteriores a la encuesta tuvo sentimientos de soledad, en tanto que para los hombres la tasa fue mucho menor (16,6%).

No obstante, de entre todos los indicadores de vulnerabilidad de la salud mental, el que presentó mayor incidencia en Paraguay fue el de ansiedad , nerviosismo o preocupación. Con tres de cada cinco personas reportando haberse sentido ansiosos en el último mes, el país se ubica en primer lugar en Latinoamérica con esta medida. Y son de nuevo las mujeres, con el 70,4%, quienes encabezan la tabla por encima de los varones (53,5%).

En medio de la crisis sanitaria, la ansiedad, el nerviosismo y la preocupación fueron particularmente altos entre aquellos que habían tenido familiares enfermos, y entre quienes se habían quedado sin el trabajo que tenían antes de la pandemia y que además se encontraban desempleados.

¿Qué se puede hacer?

Con estos resultados, se torna primeramente importante asimilar la naturaleza multidimensional de la salud mental. Es decir, desde lo social a lo económico, pasando por lo cultural y lo ambiental, las causas que conllevan al deterioro del bienestar emocional son diversas. Como tal, es fundamental incluir a la salud mental como un tema transversal en el diseño y formulación de políticas públicas  en todas las áreas, con una visión más humana y social.

La salud mental representa para América Latina un reto para el cual aún no estamos completamente preparados, y Paraguay no es la excepción . Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2018, el gasto destinado a la salud mental en los países de la región representaba en promedio solo el 2% de su presupuesto de salud, mayoritariamente centrado en el funcionamiento de hospitales psiquiátricos, con un limitado enfoque en iniciativas de prevención.

En ese contexto, la pandemia de COVID-19, con todas sus sombras, desnudó la preocupante realidad de la salud mental en nuestros países, con vulnerabilidades que, de no ser corregidas, podrían en el futuro profundizar la problemática.

Por este motivo, recomendamos desarrollar normativas integrales que, por un lado, defiendan los derechos de los pacientes, ayudando a reducir el estigma social asociado a las enfermedades de salud mental, y que, por el otro, orienten las políticas de protección del bienestar emocional de todas las personas.

Se hace imperante la promoción de iniciativas que garanticen un mayor y mejor ceso a servicios y a profesionales de salud mental que brinden asistencia, contención, y tratamientos médicos de calidad cuando estos sean necesarios.

Esto tendrá gran impacto si, además de la atención individual tradicional, se implementasen modelos de apoyo familiar y comunitario, instalando la noción colectiva de que el buen estado de la salud mental de las personas es, ni más ni menos, un esfuerzo mancomunado.

POR GUSTAVO CANAVIRE-BACARREZALUIS RECALDE-RAMÍREZ

Fuente: worldbank.org

¿Hasta cuándo Argentina?

Argentina se comprometió a respetar el libre tránsito del comercio paraguayo, en un tratado firmado en 1852. Desde entonces han ocurrido una infinidad de cosas que los firmantes de dicho documento nunca habrán imaginado.

Chutar una pelota de cuero dentro de un arco se puso de moda en el Río de la Plata y Argentina ganó 2 copas mundiales de ese juego. La mitad de la población paraguaya desapareció en la guerra más sangrienta de Sudamérica y los descendientes de los sobrevivientes ganaron otra a Bolivia. Un cohete llevó hombres a la Luna. Hoy un albañil envía fotografías de su almuerzo a su hermano en España, a la velocidad de la luz.

Lo que no ocurrió es lo que sí se habrá imaginado al firmar el acuerdo: que Argentina cumpla lo pactado. Un siglo y medio después, los paraguayos aún debemos padecer las zancadillas comerciales que nos hace nuestra hermana mayor del sur.

En 2010 sindicalistas portuarios argentinos se negaron a recibir buques paraguayos, con aparente complicidad del gobierno argentino. Hace poco retuvieron ilegalmente a la embarcación “Doña Annette”, ocasionándole pérdidas millonarias. Para exportar a Argentina los empresarios paraguayos deben cumplir con requisitos que no se exigen a empresarios argentinos en Paraguay, a nuestros compatriotas camioneros les sobran anécdotas de demoras innecesarias que arruinan mercaderías en la frontera. Solo por citar algunas travesuras argentinas.

¿Hasta cuándo Argentina? ¿Hasta cuándo gran parte de nuestro esfuerzo será derrochado en homenaje a tu prepotencia? Ya van 167 años de una promesa incumplida. ¿Cuántos años más tendremos que esperar los paraguayos? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? Aunque quizás vana sea la esperanza de esperar que Argentina se preocupe por nuestro comercio, y la presión tengamos que ejercerla sobre nuestra propia paciencia.

¿Hasta cuándo la paciencia, Paraguay?

Escrito por ENRIQUE COSP  -  @Enrique_Cosp (5 dias)

Pobreza, hambre, salud y educación: Paraguay y los ODS

Los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible, son reglas de convivencia mundial a las que Para­guay se adhiere junto con 193 países del mundo para a través de sus 17 Objetivos Globales abor­dar temáticas esenciales sobre cinco temas: personas, medioambiente, prosperidad, cultura de paz y alianzas.

El proceso de implementación de los ODS, establece la conformación a más tardar a fines de este año de Grupos de Trabajo coordinados por la Comisión Interinstitu­cional de Coordinación para la implementación, segui­miento y monitoreo de los compromisos internaciona­les asumidos por el país en este marco (Comisión ODS), para la implementación de los 17 Objetivos organizados en Ejes Económico, Social y Ambiental. El Eje Social abarca ocho de los ODS y en esta oportunidad daremos una mirada a cuatro de ellos: ODS 1 “Fin de la pobreza”, ODS 2 “Hambre cero”, ODS 3 “Salud y bienestar” y ODS 4 “Educación de calidad”.

La pobreza es un problema de derechos humanos e involucra mucho más que falta de recursos e ingresos, por lo que el ODS 1 apunta a ponerle fin. Implica además hambre, desnutrición, falta de vi­vienda digna, acceso limitado o insatisfacción de necesidades básicas como agua, saneamiento, sa­lud y educación, involucrando también exclusión social y discriminación, así como falta de partici­pación en la toma de decisiones, especialmente las que afectan de manera directa las vidas de las personas. 

Si bien la pobreza extrema se ha redu­cido en los últimos años, con una población total de 6.852.068 personas, la Encuesta Permanente de Hogares de 2017 muestra que el 26,40% de ella se encuentra en situación de pobreza y el 4,41% en situación de pobreza extrema, ubicándose geo­gráficamente en mayor proporción y severidad en el área rural.

Interesa erradicar la pobreza porque nuestro bienestar está vinculado al de los demás, ya que la desigualdad perjudica el crecimiento económico y vulnera la cohe­sión social, incrementando las tensiones sociales y polí­ticas. Para lograrlo, el gobierno debe aplicar políticas y el sector privado puede contribuir generando empleos de calidad y sostenibles, propiciando crecimiento inclusi­vo y promoviendo la igualdad.

Actualmente en el mundo 1 de cada 9 personas está sub­alimentada, esto genera que sean menos productivos y más propensos a enfermedades, viéndose afectados en sus capacidades para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. El ODS 2 busca eliminar el hambre a nivel global, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. En nuestro país en 2010 la des­nutrición crónica llegaba al 15% de niños y niñas, datos del Ministerio de Salud de 2017 muestran una disminu­ción de esta tasa alcanzando el 12,3%.

Para terminar con el hambre, necesitamos reformas en el sistema agrario y alimentario, para aumentar la capa­cidad productiva pero de manera sostenible y amigable con el medio ambiente.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades es el objetivo del ODS 3. En Paraguay los Indicadores Básicos de Salud de 2017 esta­blecen que la esperanza de vida al nacer es para ambos sexos de 73,8 años, siendo la tasa de mortalidad neona­tal de 9,5 por cada 1000 nacidos vivos. Por otro lado, las causales con más alta tasa de mortalidad registrada son

las enfermedades del aparato circulatorio (120 sobre 100.000 habitantes a nivel país), seguida por los tumo­res (66,6) y las causas externas (49%) que refieren en su mayoría a accidentes de motocicleta, a las que siguen otras causales en menor proporción. Entre 2013 y 2017 las muertes maternas fueron reducidas en un 30% y la tasa de mortalidad neonatal en un 18,6%.

Los graves riesgos para la salud, altas tasas de mortali­dad materna y neonatal, propagación de enfermedades y mala salud reproductiva, ahondan las desigualdades y nos alejan de la prosperidad. Para alcanzar este objetivo, se debe propiciar una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y de salud sexual y reproductiva, así como promover acciones para reducir la contaminación ambiental.

Por último, el ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu­nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Hoy, 6 de cada 10 niños y niñas que comenzaron la primaria en Paraguay, no logran finalizar la educación secundaria, vulnerando de esta manera sus posibilida­des de conseguir un empleo digno y romper el círculo de pobreza.

La educación contribuye a empoderar a las personas para que desarrollen plenamente sus capacidades, además reduce las brechas de género y contribuye a fomentar la tolerancia y crear sociedades más pacíficas reduciendo las desigualdades. Cada año de educación significa mejores valores en relación a la reducción de la pobreza del núcleo familiar y en general a nivel de la población. Si bien el acceso y la matriculación se han incrementado desde la última reforma educativa, aún quedan pendientes temas como el mejoramiento de la calidad de la educación así como de las tasas de reten­ción y culminación en tiempo (es decir, en la edad que corresponde) de los ciclos educativos.

Nos encontramos al inicio de un nuevo gobierno que tendrá la responsabilidad y oportunidad de legar al país avances significativos en la reducción de brechas para la conquista de derechos y el bienestar de los ciudadanos. Con los ODS como hoja de ruta, los esfuerzos conjuntos, decisiones y acciones oportunas que tome el gobierno, permitirán que el Paraguay avance hacia un futuro de prosperidad para todos los ciudadanos.

Por Paola Vaccotti para MCS - 5 dias

Paraguay, la isla con sorprendentes logros

Trascribimos la opinión de El Observador de Uruguay

Paraguay se empeña en ser diferente al continente americano y continúa creciendo a paso firme a medida que consolida trabajosamente su institucionalidad democrática. El país mediterráneo se encuentra próximo a conseguir la nota de grado inversor, cosa que sería efectiva antes del 2020. Las perspectivas de negocios e inversores es más que favorable.

La pujanza de una población joven y las condiciones más que favorables para instalarse allí están convirtiendo la tierra de los guaraníes en un lugar donde es posible apostar para crecer. Asunción, la vieja capital colonial, cambia su cara mes a mes. Abren centros comerciales, emprendimientos gastronómicos, hoteles cinco estrellas y crecen edificios modernos y desarrollos urbanos tanto para oficinas como para vivienda. 

Su clase media crece casi al mismo ritmo que su naturalidad. La inminente mejora del grado inversor avizora tiempos aún mejores para un país largamente postergado por el resto del continente. Se prevé la llegada de fondos frescos lo que dinamizará el crédito y por ende el consumo.

Se espera un ¡Boom! de la construcción que continuará cambiando el horizonte de las ciudades que crecen y dinamizan la economía. En su capital ya se ve el nuevo centro de Asunción, con los flamantes hoteles altos donde se celebran fiestas en sus azoteas casi diariamente; es una clara demostración de lo que allí sucede.

La clase media crece casi al mismo ritmo que su natalidad. La inminente mejora del grado inversor avizora tiempos aún mejores para un país largamente postergado por el resto del continente. En relación al mercado inmobiliario las perspectivas son de más que positivas. “Apuntamos a dos años en que el aumento de la demanda va a ser muy consistente y eso va a generar un aumento de los precios de inmuebles”, destacó en El Observador el CEO de la firma Corar Internacional, Miguel Ángel Fernández, experto en desarrollo inmobiliario.

Paraguay tiene una población que supera a los 7 millones de habitantes de los que se prevé un tercio salga a buscar vivienda en los próximos años. Paraguay lentamente va dejando el conservadurismo que lo caracterizó para comenzar a abrazar las exigencias y posibilidades que ofrece el siglo XXI y con astucia genera las condiciones para que las divisas y los empresarios y emprendedores se sientan a gusto. Todo eso late en su población y se huele en el aire.

Fuente: 5 dias

La débil recuperación de Latinoamérica

La región necesita gobiernos que cumplan con sus socios comerciales y con sus ciudadanos

Latinoamérica ha regresado a la senda del crecimiento económico con proyecciones de alrededor del 1% en 2017 y del 2% en 2018. Además, si bien estuvo dos años en recesión, la solidez de las instituciones y las políticas permitieron moderar la caída.

De hecho, la mayoría de países lograron mantener crecimientos aceptables, lo que recuerda que hay que hablar de Américas Latinas. No obstante, la recuperación es débil, en un contexto socio-político movido. Latinoamérica acumulará cinco años de alejamiento a los niveles de ingreso de las economías más desarrolladas, en un momento político clave, dado que entre 2016 y 2018 se habrán celebrado 15 elecciones presidenciales.

Este es momento de política, no de políticas. De gobiernos que cumplan con sus socios comerciales, con sus ciudadanos, y en especial con sus jóvenes, como fue reclamado en el Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe 2017, organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, el BID y el Gobierno francés.

La región precisa de gobiernos que cumplan con sus socios comerciales, con apertura e integración. La OCDE ha llamado a resetear la globalización, apostando por el multilateralismo y la apertura, y simultáneamente implementando medidas para proteger a aquellos afectados negativamente. Afortunadamente, Latinoamérica se ha distanciado de las tendencias en los países del G20, quienes han aprobado desde 2012 más de 1.725 restricciones al comercio según Global Trade Alert. Ha intensificado la agenda con nuevos socios como China, e internamente, dos de las principales plataformas regionales de comercio, Alianza del Pacífico y Mercosur, muestran su voluntad de acercamiento, augurando avances en cooperación aduanera, apoyo a PYMES y cadenas regionales de valor.

La región precisa de gobiernos que cumplan con sus ciudadanos, con eficiencia, apertura y visión. La confianza de los latinoamericanos en sus instituciones, tradicionalmente limitada, se ha debilitado. Hoy ocho de cada diez ciudadanos de la región creen que la corrupción está extendida en su gobierno, seis de cada diez están insatisfechos con su sistema de salud y casi cinco de diez con la educación, y solo cuatro de cada diez confían en las elecciones. 

La eficiencia exige simplificar los trámites a ciudadanos y empresas aprovechando la tecnología, como recientemente muestra Perú, donde las entidades estatales solo podrán solicitar una vez el documento de identidad a sus ciudadanos porque sus agencias estarán interconectadas. 

La apertura pasa por involucrar a los ciudadanos en decisiones, aumentar la transparencia de las cuentas públicas —como la iniciativa Conozca en qué se gasta su dinero en Costa Rica, que permite acceder a información en tiempo real sobre el gasto público— y establecer órganos de lucha contra la corrupción. 

Los Estados han de ser más innovadores y visionarios ante un futuro en el que la revolución tecnológica, la transición demográfica y el cambio climático definen nuevas demandas. Los laboratorios de innovación social para avanzar en la digitalización en Uruguay o en Rio de Janeiro, y el uso de big data para proveer mejores servicios, como están comenzando a implementar Buenos Aires o Bogotá en transporte, o Brasil en salud, son buenas prácticas.

La región precisa de gobiernos que cumplan con sus jóvenes, con educación de calidad y oportunidades de empleo formal y emprendimiento. Latinoamérica es una región joven: uno de cada cuatro ciudadanos —163 millones— tiene entre 15 y 29 años. Sin embargo, cuatro de cada diez jóvenes no estudian, no trabajan y no se capacitan (‘ni-ni-nis’) o si trabajan lo hacen en el sector informal. Esta situación es peor para mujeres (la mitad son ni-ni-nis o informales), y para jóvenes de hogares de ingreso medio y bajo (siete de diez jóvenes de hogares pobres están desconectados). 

La vulnerabilidad se está transmitiendo de padres a hijos e hijas, y ello impactará en toda su trayectoria laboral. Lo bueno es que sabemos qué funciona; educación combinada en aulas, capacitación en el trabajo y servicios de búsqueda de empleo (como ProJoven en Brasil y Perú, Jóvenes en Acción en Colombia); apoyo al emprendimiento reduciendo barreras de entrada (como la Ley de Emprendedores de Argentina que permite crear empresas en un día), desarrollando instrumentos financieros flexibles (como Ruta N en Colombia o Start-Up en Chile); mentoría y fortalecimiento de vínculos con redes comerciales como la Alianza del Pacífico. La economía de la región (medida por su PIB) podría incrementarse inmediatamente un 3%, el equivalente a una Guatemala, si todos los jóvenes ni-ni-nis e informales encuentran un empleo formal.

Gobiernos que cumplan con sus socios comerciales, con sus ciudadanos y con los jóvenes son indispensables en la agenda de Productividad e Inclusión. Solo así se logrará traducir la desconfianza, e incluso las protestas en cambio real. Y solo así se convencerá a ciudadanos y empresas de que cumplir con las reglas y pagar impuestos merece la pena. No es fácil, ¿pero qué es fácil en los tiempos que vivimos? Y se puede.

Fuente: El país
Escrito por Ángel Melguizo es jefe de la unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE

GLOBALIZACION Y DESGLOBALIZACION: ¿DONDE SE UBICA EL PARAGUAY?

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 80% del crecimiento mundial registrado desde el inicio de la crisis internacional desatada en 2008 fue aportado por los países en desarrollo. Desde entonces, la región más dinámica de la economía mundial ha sido Asia, con China e India a la cabeza. El FMI prevé que las economías emergentes del Asia representarán el 38% de la economía mundial en 2021, participación similar a la de las economías desarrolladas en el presente. 

En todas las dinámicas economías emergentes asiáticas, el comercio ha sido un motor extremamente importante para impulsar el crecimiento económico, apoyado en la liberalización multilateral en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, el dinamismo del comercio mundial se viene reduciendo significativamente desde 2012. En 2015 el valor del comercio mundial de bienes se redujo un 14%, mientras su volumen creció apenas 2,7%. En 2016 el volumen del comercio mundial de bienes creció apenas 1,7%, que no solamente fue su menor incremento desde la crisis económica mundial sino también inferior a la tasa de expansión de la economía mundial por quinto año consecutivo. En la historia reciente, la actual etapa de bajo dinamismo del comercio mundial no tiene precedentes desde los años ochenta.

La globalización de la economía mundial no se retrae aún, pero ya no mantiene su dinamismo anterior. Por un lado, el aumento del proteccionismo, la baja demanda mundial y la caída de las inversiones explican, en mayor parte, el pobre desempeño del comercio mundial. Por otro lado, el incesante y acelerado crecimiento de los flujos de transacciones digitales transfronterizas, desde hace una década, ha reducido la necesidad de comercialización de una parte de los bienes.

El gobierno de Barack Obama en Estados Unidos (EE. UU.) había promocionado la Asociación Transpacífica (TPP por las siglas de Trans-Pacific Partnership), un mega acuerdo regional que involucra a ambas riberas del Pacífico[1] y busca deliberadamente la exclusión de China. El acuerdo implicaba ajustes normativos controversiales para la mayor parte de los países integrantes, pero menores para los EE. UU. Con él se buscaba promover una nueva frontera normativa para los acuerdos comerciales en el siglo XXI. 

Sin embargo, la victoria de Trump y su discurso proteccionista resultaron en la retirada de Estados Unidos, su principal promotor, de la TPP. En su lugar, Trump propone sustituir el multilateralismo por el bilateralismo (con comercio balanceado), el liberalismo por el proteccionismo y la previsibilidad por la imprevisibilidad. Además de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)[2], Trump impulsa una profunda reforma impositiva que buscará rediseñar los impuestos a la renta, dominantes en el sistema impositivo estadounidense, para transformarlos, en términos prácticos, en un IVA. Así, se pretende elevar la competitividad internacional de los productos estadounidenses mediante deducciones impositivas a las exportaciones, a pesar de que las reglas de la OMC prohíben expresamente ese tipo de rediseño. Eso elevará el riesgo de una guerra fiscal global e impactará negativamente en las perspectivas de atracción de inversiones directas estadounidenses en el mundo y en la región. En el caso de inversión norteamericana hacia el Paraguay el stock de la misma acumula una caída de 39% entre 2013 y 2015 según el BCP).

La retirada de los Estados Unidos de la TPP abrió una ventana de oportunidad para una mayor proyección de China en el Pacífico, centro de la economía mundial en el siglo XXI. Mediante la promoción de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), China busca la exclusión de los EE. UU. y el fortalecimiento de los lazos comerciales con su entorno[3]. Además de incluir a las dos naciones más pobladas del mundo (China e India), los países de la RCEP responden por 31% de las exportaciones mundiales, participación superior al 25% de la TPP.

Aunque su nivel de profundidad sea inferior al propuesto por la TPP, la RCEP busca convertirse en la base de una futura área de libre comercio en Asia y que también abarque a la ribera americana del Pacífico, pero con China en su centro, no Estados Unidos. El reciente interés de Chile y Perú es una prueba de ello. Ambos países tienen tratados de libre comercio (TLC) con EE. UU. y se han plegado a la estrategia estadounidense. Sin embargo, esto no les ha impedido firmar sus propios TLC con Pekín y, después de la retirada de EE. UU. de la TPP, coquetear con la posibilidad de unirse a la RCEP.

Gran parte del éxito de la iniciativa de China dependerá de su capacidad de ampliar el acceso de los demás países a su mercado. Por un lado, el rebalanceo de la economía china desde un modelo de crecimiento fundado en las exportaciones y la inversión hacia un modelo más sustentable, basado en el consumo privado y los servicios, cambia radicalmente el escenario que los países de América Latina deberán enfrentar. El fuerte incremento de los salarios registrados en China desde el inicio de la crisis internacional los ha llevado a niveles superiores a los que se pagan en los principales países de nuestra región. La emergencia de una nueva clase media con fuerte poder adquisitivo en un mercado de enormes dimensiones proporciona grandes oportunidades para los productores de América Latina, no apenas de commodities sino también de bienes manufacturados, particularmente de baja y mediana tecnología. 

Por otro lado, la iniciativa china “Un cinturón, una ruta” busca emplear el superávit en cuenta corriente chino (la contracara del creciente déficit estadounidense) y las capacidades ociosas de su sector de construcción e industrias interrelacionadas (acero, bienes de capital, entre otros) en la construcción de la infraestructura y rediseño de las principales rutas comerciales de Eurasia, fomentando la apertura de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas, aprovechando los menores costos de mano de obra de la vecindad y promoviendo un comercio más equilibrado con su entorno. Esto aceleraría la integración económica, tanto por tierra como por mar, entre países que representan el 65% de la población y cerca de un tercio de la economía mundial dentro de un sistema económico centrado en China.

La constitución de nuevos organismos multilaterales es uno de los ejes de la estrategia china. Instituciones emergentes como el banco de los BRICS y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura buscan dar concreción a este nuevo orden, compartiendo espacios y compitiendo con otras que aún reflejan el antiguo sistema de Bretton Woods, como el Banco Mundial y el FMI. Pese a su aún limitada capacidad financiera, estas nuevas instituciones poseen potenciales de expansión muy significativos y, seguramente, terminarán por rediseñar la forma como los inversionistas evalúan los riesgos en los países en desarrollo, particularmente de las inversiones en infraestructura, una de las principales fuentes de la recuperación de la economía mundial en el futuro.

Pese a sus limitadas capacidades de incidencia en el curso de estas transformaciones del orden mundial, el Paraguay debe buscar la forma de aprovechar las oportunidades emergentes y de minimizar sus potenciales riesgos. Una opción podría ser la adhesión al banco de los BRICS, que deberá realizar su primera expansión de miembros próximamente, incorporando probablemente a Argentina, Perú, Chile y Colombia. Ello permitiría fortalecer sus lazos con la región, diversificando sus fuentes de financiamiento y ampliando la capacidad de fondeo de la integración de la infraestructura regional entre el Atlántico y el Pacífico, acercándose pragmáticamente, en paralelo, a la República Popular de China.

Entender y aproximarse pragmáticamente a China será también de creciente importancia para el futuro de las hidroeléctricas binacionales. Mientras en Argentina las constructoras chinas están dominando el financiamiento y ejecución de los nuevos emprendimientos hidroeléctricos (¿quién financiará las obras complementarias de Yacyretá y la construcción de Corpus?), en Brasil las distribuidoras de capital chino ya dominan cerca de un cuarto del mercado eléctrico (¿negociaremos con los chinos el precio en el mercado abierto brasileño a partir de 2023?).

Otros países de la región, como Chile y Bolivia, han dado otros pasos hacia este nuevo orden, invirtiendo una reducida parte de sus reservas internacionales en renmimbi, la moneda china. Ello busca profundizar el conocimiento de sus bancos centrales sobre las particularidades de operación en el mercado financiero chino, que está llamado a tener creciente importancia en el futuro sistema monetario internacional multipolar. De hecho, en Chile se ha constituido el primer banco de liquidación en renmimbi de América del Sur.

En términos comerciales, las acciones deben ser mejor coordinadas. Entre 2015 y 2025 América Latina registrará la segunda mayor tasa de expansión de la población en edad laboral en el mundo, apenas por detrás de África. Ello será particularmente significativo en México y Perú, países de la cuenca del Pacífico. Ese potencial de crecimiento endógeno regional debe ser mejor aprovechado por el Paraguay en un momento en el que México busca fortalecer sus lazos con la región ante los riesgos presentados por Trump. Un estrechamiento de las vinculaciones con México, mediante un acuerdo en bloque con el Mercosur, garantizarían al Paraguay un mejor trato de sus marcadas asimetrías con el país azteca, que no está contemplado en las negociaciones de un TLC bilateral. Esto también afianzaría una mayor coordinación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico en su proyección hacia Asia.

Al mismo tiempo, apoyar la ampliación de las preferencias comerciales de los acuerdos parciales del Mercosur con África del Sur e India, en los cuales se reconoce el trato especial y diferenciado al Paraguay, podría ser una forma de construir un nuevo camino hacia China con un pie en África. Esa sería una acción estratégica considerando que, según Naciones Unidas, la población mundial aumentaría en dos mil millones de personas de aquí a 2050, la mitad de las cuales se encontraría en ese continente. La ratificación del TLC alcanzado con Egipto sería otro paso en esa misma dirección.

Aunque sea un tema delicado para el Mercosur, en especial para el Paraguay, no se debería descartar la invitación china para la realización de un estudio de factibilidad de un TLC entre el bloque sudamericano y China. De ningún modo esto debería estar condicionado a la apertura de negociaciones, pero podría constituirse en un interesante instrumento para fomentar una visión más clara y coordinada entre los países del Mercosur hacia las oportunidades y amenazas representadas por China, incluyendo las limitaciones de apoyarse en las maquilas como motor del proceso de industrialización.

El mundo se encuentra en un acelerado proceso de profundas transformaciones, transitando entre la globalización y la desglobalización, el liderazgo estadounidense y un emergente mundo post occidental. En la creciente descoordinación entre un orden que no termina de morir y un nuevo orden en plena gestación liderado por China conviven las oportunidades y riesgos del futuro. Identificarlos y actuar sobre ellos es hoy fundamental para la construcción de las posibilidades de desarrollo del Paraguay del mañana.

[1] Integrado por Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Brunei, Singapur, Malasia y Japón.

[2] Estados Unidos, Canadá y México.

[3] Además de China, incluye a India, Corea del Sur, Indonesia, Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas y Tailandia.

Artículo de Gustavo Rojas denominado GLOBALIZACION Y DESGLOBALIZACION: ¿DONDE SE UBICA EL PARAGUAY?. Este artículo forma parte de la edición N° 49 de Economía y Sociedad, publicación perteneciente al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

MERCOSUR, con deterioro político y sin institucionalidad económica

Fernando Masi, en su artículo para la Revista Economía y Sociedad llamado MERCOSUR, con deterioro político y sin institucionalidad económica destaca que el Ministro de Economía del Uruguay, “Danilo Astori, dijo que el Mercosur sufre una crisis institucional, calificación que puede ser interpretada en el campo económico y en su dimensión política”.

En el campo económico, Masi considera que “después de 25 años, el arancel externo común del Mercosur no pasa de ser una figura decorativa, sin aplicación en los países miembros . Lo mismo acontece con la armonización de normativas, de manera que no se puede hablar hoy de política comercial común en el bloque. Tampoco se ha logrado avanzar en la armonización macroeconómica, a pesar de que los países del Mercosur practican políticas macro mucho más maduras luego de las crisis económicas de 1999 (devaluación del real brasileño) y 2002 (fin de la paridad cambiaria argentina)”.

En definitiva, “el Mercosur no es una unión aduanera imperfecta o una unión aduanera parcial como algunos gustan llamarlo. Es, simplemente, un área de libre comercio con muchas limitaciones porque la falta de armonización normativa hace que el comercio entre los socios enfrente constantes trabas para arancelarias. Así, paradójicamente, el Mercosur es un área de libre comercio con muchas dificultades para la creación de comercio”.

A todo esto se agrega que “Venezuela, nuevo miembro del Mercosur, presenta un manejo económico muy desordenado que es incompatible con el proceso de integración, que ha desencadenado una crisis económica y social en su territorio”.

En el campo político, para el autor “los acontecimientos de los últimos años en Paraguay, Venezuela y Brasil han restado credibilidad a la institucionalidad democrática del Mercosur. Si en los años noventa el Mercosur fue un actor clave para impedir la ruptura del proceso de transición democrática en el Paraguay , ya no pudo serlo en 2012. 

Paises del Mercosur

A la suspensión de Paraguay en el Mercosur, por lo que se consideró un golpe parlamentario, siguió la entrada de Venezuela al bloque en condiciones de dudosa legalidad”. A todo ello “se ha sumado el proceso de juicio político al gobierno brasileño, basado en argumentos débiles y amañados, como resultado de la corrupción generalizada en la clase política del país líder del Mercosur; corrupción que afecta sobre todo a los miembros del principal partido político que hoy gobierna el Brasil”.

El experto concluye diciendo que “los socios del Mercosur deben repensar la integración regional y tener la audacia política de realizar los cambios que son necesarios para que el bloque funcione de un modo más realista. Pero, mientras persistan los desarreglos políticos y económicos en Brasil y Venezuela, el Mercosur seguirá quedando sin agenda y hasta sin presidencia pro tempore”.

Fuente: CADEP-PY